El juez Lijo lo citó para el 28 de ese mes. Es por un acuerdo que no prosperó con la empresa que manejó la familia Macri. La investigación podría involucrar al propio Presidente. El ministro cordobés no habló.
El ministro de Defensa, Oscar Aguad, aprovechará la declaración indagatoria ante la Justicia federal, a la que fue citado ayer como imputado en la causa por el acuerdo sobre la multimillonaria deuda de la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia del Presidente, con el Estado, para probar su responsabilidad como funcionario público.
Aguad no quiso responder al requerimiento que le hizo La Voz a poco de conocerse al mediodía de ayer la decisión del juez federal Ariel Lijo.
El magistrado lo citó a declarar para el 28 de febrero próximo como sospechoso en ese acuerdo al que se llegó cuando él era ministro de Comunicaciones desde que lo designó el presidente Mauricio Macri apenas asumió, en diciembre de 2015.
Fuentes cercanas a Aguad dijeron a este diario que la citación será “una oportunidad para demostrar que tenía razón sobre la conveniencia de que el Estado intentara cobrar un crédito de un deudor en convocatoria. Todo se hizo en el marco del juicio, en la Cámara Civil del concurso, y el acuerdo finalmente no prosperó. El Estado retiró la propuesta y la cámara no lo homologó. Además, manifestaron que «el convenio se acordó en una audiencia judicial donde los cerca de 600 acreedores aceptaron la propuesta que hizo la concursada, Correo Argentino».
También dijeron, en defensa del comportamiento del entonces ministro de Comunicaciones, que la empresa propiedad de la familia Macri “era un deudor sin bienes porque el Estado se había quedado con todos ellos” a raíz de la reestatización de Correo Argentino en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner.
“Nosotros –apuntó uno de los cercanos colaboradores de Aguad– intentamos cobrar un deuda, y para eso se hizo un acuerdo que finalmente no prosperó. El concurso sigue en trámite en la Cámara”.
Sostuvieron, además, que Aguad “hizo lo que mandaba la ley: cobrar el crédito. Quien no lo hizo fue el gobierno anterior durante 10 años”. Y subrayaron que, por tratarse de “un crédito concursal, no puede ser actualizado ni se le pueden cargar intereses”.
Aguad tendrá que declarar con la acusación del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y negociaciones incompatibles con la función pública, según la citación de Lijo, que respondió así al pedido que anteayer le había hecho el fiscal federal Gerardo Pollicita.
De ese modo, Aguad cerrará esta ronda de primeras indagatorias que tendrán lugar los últimos 10 días de febrero y que incluirán antes a un colaborador de él tanto en Comunicaciones como en Defensa, y a representantes de la familia Macri.
El 26 está citado el exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa; el 21, el abogado del Correo Jaime Kleidermacher, y el 19, el presidente del directorio de esa empresa de los Macri, Jaime Robirosa.
La ronda de indagatorias puede ser sólo el comienzo de otras citaciones, según dejó abierto el fiscal Pollicita en su pedido.
Girarían en torno a tres ejes pendientes en la investigación: qué papel cumplió el presidente Macri en el acuerdo con la empresa de su familia; si la Oficina Anticorrupción que encabeza Laura Alonso incurrió en irregularidades al emitir un dictamen que avaló lo actuado por Aguad y por Mocoroa, y cuál fue el accionar de las juezas que intervienen en el caso en la Justicia comercial.
También podrían derivar en el análisis de presuntas maniobras de vaciamiento de las empresas controlantes Socma y Sideco y de la polémica designación de Bernardo Saravia Frías en la Procuración del Tesoro, donde elaboró dictámenes para negar faltas administrativas y desligar al Presidente.
La causa se abrió en febrero de 2017 a partir de una denuncia que refirió sobre la audiencia celebrada el 28 de junio de 2016, en el marco del concurso preventivo de la empresa Correo Argentino.
Fuente: lavoz.com.ar
