El año pasado, el juez Ercolini incriminó a la ex procuradora por la presunta administración fraudulenta, en la causa que investiga la adquisición del edificio donde funcionan las oficinas del área.
Para la alzada, aunque no hubo perjuicio contra el Estado, se cometió un delito. La Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, confirmó el procesamiento de la ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público Fiscal. No obstante, la incriminó por negociaciones incompatibles con la función pública. Así, modificó el encuadre del hecho que efectuó el juez Julián Ercolini, quien le enrostró la presunta comisión de administración fraudulenta. Para la alzada, no hubo perjuicio contra el Estado porque el edificio se adquirió por valores lógicos y la millonaria comisión fue pagada por la empresa privada que vendió el inmueble, pero estimó que la ex funcionaria direccionó la licitación y manejó información privilegiada. Para los camaristas, quedó demostrado que se dio de baja una licitación que había sido tramitada antes de la llegada al cargo de Gils Carbó para, luego, comprar otro edificio.
“Recién hoy se reconoce abiertamente que la licitación de 2012 no iba progresar de modo favorable. No se habría tratado entonces de una cuestión de tiempos, sino de preferencias”, indicó. En esa línea, sostuvo que la ex procuradora requería un edificio que cubriese sus expectativas: que fuera de uso exclusivo, que contara con cocheras, un recinto para reuniones e, incluso, una bóveda. “Aspectos novedosos que escapaban de los requerimientos de las tres licitaciones anteriores y, también, de las mismas necesidades de las áreas que, en un comienzo, se iban instalar”, detalló la alzada. En ese sentido, la Cámara valoró que no había necesidad de exclusividad del edificio o de la “imperiosa” identificación de su fachada, ya que no iba a albergar dependencias con asidua concurrencia pública -testigos e imputados- sino despachos administrativos. Para la Justicia, el objetivo de la operación fue darle apariencia de legitimidad a un proceso administrativo irregular.
Fuente: Comercio y Justicia
