La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del ex director de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, por presunto encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes, por obstruir la fiscalización de empresas vinculadas con el empresario santacruceño Lázaro Báez, acusado de presunto lavado de dinero.
La medida también involucra al ex segundo del organismo recaudador, Angel Toninelli. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens expresaron que el suceso que se les atribuye a ambos, en lo sustancial, consistió en haber bloqueado el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina SA, Calvento SA y Grupo Penta y Cía. SA, entre otras. Así, ratificaron las incriminaciones dictadas en el caso por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la pesquisa conocida como “la ruta del dinero K”, que motivó la detención de Báez y su enjuiciamiento. “Existen elementos de convicción suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad exigido a esta altura de las actuaciones, la existencia del hecho investigado y la responsabilidad endilgada a los imputados”, concluyó la Cámara.
Fiscalizaciones. En su sentencia, detalló que las fiscalizaciones de firmas que facturaban para las personas jurídicas de Báez mostraban un “avance significativo” y denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era, presuntamente, en forma directa o indirecta, dependiendo del caso, la empresa Austral Construcciones SA. “Las irregularidades detectadas en esas firmas y los vínculos con Austral Construcciones, que surgieron con el devenir de las fiscalizaciones referidas, habrían derivado en la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, provocando reubicaciones de cargos”, acotó la alzada. En tanto, subrayó que aquellos procedimientos pasaron a una división dependiente de Mar del Plata, lo que causó que perdieran el curso que venían alcanzando en torno a la afirmación de la existencia de facturas apócrifas por supuestos servicios prestados en favor de la compañía. Además subrayó que, en ese contexto y luego de la disolución de la Dirección Regional Bahía Blanca, el 1 de noviembre de 2012, Toninelli realizó un viaje en un vuelo privado que compartió con su hijo y Martín Báez desde el aeropuerto de San Fernando hasta Río Gallegos, ciudad de residencia de Lázaro Báez y asiento operativo de su principal SA, y que la aeronave resultó ser propiedad de la firma Top Air SA, que en su mayoría pertenecía al empresario y era regularmente utilizada por él.
Fuente: Comercio y Justicia
