El empresarios está siendo juzgado junto a Leonardo Fariña, Federico Elaskar y Fabián Rossi. El debate está a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 4.
El empresario detenido Lázaro Báez comenzó a ser juzgado este martes en debate oral y público junto otras 24 personas por lavado de activos, en lo que se conoció como la «ruta del dinero k». Entre los involucrados están Báez, sus hijos Luciana, Melina, Martín y Leandro, el mediático y arrepentido Leonardo Fariña, el financista Federico Elaskar y expareja de la vedette Iliana Calabro, Fabián Rossi, en el marco de la causa que analiza las maniobras realizadas a través de la financiera SGI, conocida como «La Rosadita». El Tribunal Oral Federal 4 emprende el primer juicio contra Báez, que está detenido desde abril de 2016 con prisión preventiva por orden de Sebastián Casanello, y otras 24 personas. El debate tenía lugar en la denominada Sala AMIA, donde este martes se comenzó a dar lectura del requerimiento de elevación a juicio hecho por la Fiscalía a cargo de Guillermo Marijuan y las querellas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA). Ni bien comenzó el juicio, Báez aprovechó para saludar a cada uno de los hijos: Martín se sienta a su lado mientras que los otros tres unos bancos detrás y por momentos se lo vio sonreír.
Al igual que los otros dos con prisión preventiva, el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco, Báez era custodiado de cerca por personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Tras la lectura del requerimiento de juicio, se prevé que los jueces den lugar a los planteos que puedan realizar todas las partes. En el juicio no hay funcionarios públicos en el banquillo de los acusados pues el extitular de la AFIP Ricardo Echegaray recientemente fue elevado al Tribunal Oral, con el cual su juzgamiento será posterior; y la expresidenta Cristina Kirchner fue indagada y resta que el juez Sebastián Casanello defina su situación procesal.
Detalles de la primera audiencia. En la primera audiencia del juicio se escuchaba la lectura de la acusación fiscal, en la que se imputó a todos los acusados por montar una estructura para dar apariencia de legalidad a por lo menos 60 millones de dólares ilícitos, obtenidos por delitos cometidos con la obra pública. La audiencia a cargo del Tribunal Oral Federal 4 empezó puntual a las 9.30, luego del ingreso a la sala del detenido Báez, quien había llegado poco después de las 7 desde la cárcel de Ezeiza, en la que está preso por esta investigación. De sport, con un polar color ladrillo, Báez ingresó a la sala escoltado por agentes del Servicio Penitenciario Federal, y se sentó junto a Martín Báez, uno de sus cuatro hijos. Dos filas más atrás lo hicieron los otros tres hijos del dueño de «Austral Construcciones», también juzgados por lavado de dinero, Luciana, Leandro y Melina. Los tres se levantaron para saludar a su padre e intercambiaron gestos y miradas durante los intervalos de la audiencia, que tiene lugar en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002. Los restantes 20 acusados se ubicaron a lo largo de tres filas de asientos, con sus abogados, y fueron levantando la mano de a uno al ser nombrados por el presidente del Tribunal, Néstor Costabel, quien buscaba individualizar a cada uno de ellos. Apenas iniciado el juicio hubo un inesperado y primer cuarto intermedio de casi media hora a la espera de dos acusados demorados, César Fernández y Mariano Acevedo Fernández, lapso durante el cual los hijos de Báez no pararon de mirar sus celulares mientras Lázaro conversaba y les hacía señas.
«No nos creyeron el horario, pero somos puntuales», comentó Costabel, al referirse a quienes llegaron tarde para el juicio que lleva adelante junto a sus colegas Adriana Pallioti y Gabriela López Iñiguez. Una vez completa la sala se inició la lectura del requerimiento de elevación a juicio hecho por el fiscal que investigó el caso, Guillermo Marijuán. Los procesados están acusados de montar «una estructura jurídica y bancaria en el país y en el extranjero» para ingresar al circuito económico formal y dar «apariencia de legalidad» unos 60 millones de dólares a través de diferentes maniobras. Entre ellas, se enumeró la compra de bonos de deuda pública argentina para su posterior reintroducción al mercado local mediante activos que ingresaron al patrimonio de Austral Construcciones. También se juzga el episodio conocido como «la Rosadita», cuando Martín Báez, Rossi y otros juzgados fueron filmados en la ex financiera SGI, de Puerto Madero, contando millones de dólares que habían transportado desde Río Gallegos en un avión privado. Los fondos, según la acusación, tuvieron origen «en ganancia ilegítimamente obtenida por el grupo empresario de Lázaro Báez en el marco de un amplio escenario de corrupción en la obra pública». En total, se espera escuchar a 91 testigos en audiencias que serán los miércoles durante, como mínimo, seis meses.
Fuente: Infobae Profesional
