*Por Marita Carballo Presidenta de Voices! (consultoría e investigación) y Presidenta de la Asociación Mundial de Opinión Pública (Wapor)
Estamos viviendo una época de grandes cambios y transformaciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas. El proceso de globalización se desacelera y aumentan el desencanto y la pérdida de confianza en la democracia en gran parte del mundo occidental, mientras crecen los partidos populistas de derecha y de izquierda. Nos encontramos frente a una crisis de representatividad que aleja a la clase política de la ciudadanía y crea una peligrosa distancia entre ambas.
Nos enfocaremos en la Justicia por su relevancia como órgano independiente y por tratarse de uno de los tres poderes que hacen a la república. Además, porque en una comparación internacional detectamos que en nuestro país, así como en varios países latinoamericanos, esta institución genera baja confianza, a diferencia de lo que sucede en la mayoría de los países europeos, norteamericanos y asiáticos. El último estudio de opinión pública de Voices! a nivel nacional, sobre la base de 1000 entrevistas personales sobre la Justicia en la Argentina -que contó con la participación de seis universidades-, muestra la profunda crisis de credibilidad que la afecta. El trabajo indagó sobre los niveles de confianza en la justicia argentina y en la opinión sobre sus distintos actores: fiscales, abogados, jueces, Corte Suprema , Consejo de la Magistratura , las experiencias con el Poder Judicial, opiniones sobre la mediación, niveles y medios de información sobre cuestiones judiciales, rol de Internet y actitudes y comportamiento de los ciudadanos.
De esa indagación surge que los argentinos consideran a la Justicia ineficiente a la hora de solucionar problemas y hay además una percepción generalizada de la existencia de graves faltas a la ética dentro de ella. Se percibe a la Justicia alejada de la población, hasta el punto de no cumplir con su misión básica (ser justa/equitativa), ya sea por aparecer demasiado ligada al poder político de turno como por no solucionar con rapidez y eficiencia los litigios. Este deterioro en su imagen provoca una generalizada sensación de desprotección: entre 8 y 9 de cada 10 argentinos desconfían de la Justicia(78%), se sienten poco o nada amparados por ella(77%), sostienen que no es igualitaria (89%) y que favorece más a los ricos y poderosos (84%). Esta falta de imparcialidad también está vinculada a los jueces: casi siete de cada diez personas creen que no son independientes del gobierno (sólo el 21% piensa que sí lo son ) y el escepticismo se extiende a las personas que trabajan dentro del Poder Judicial: abogados, fiscales miembros de la Corte Suprema y Consejo de la Magistratura. Se cuestiona fuertemente la no igualdad ante la ley, la falta de transparencia y la inefectividad de su aplicación.
La Justicia aparece muy ligada a la corrupción. Es el primer problema a los ojos de la población (el 58% así lo señala ), seguido de cerca por la excesiva lentitud en la resolución de las causas judiciales(54%). Ambos temas se destacan muy por encima de otras cuestiones que también se mencionan, como la cercanía entre la Corte y el poder político, la manera en que se eligen los jueces, la legislación desactualizada, la falta de capacitación o idoneidad, la falta de recursos y los sueldos. Este escepticismo de la ciudadanía respecto de quienes desde la función pública están llamados a defenderla y protegerla simboliza el actual divorcio entre los individuos y la institución. Las expectativas no son alentadoras ya que la mayoría piensa que no mejorará en los próximos años y que empeoró o permaneció igual en los últimos cinco.
Sin embargo, la mayoría de quienes han tenido litigios judiciales evaluaron positivamente la forma en que estos se resolvieron (62%). Lo cual nos habla de que la evaluación general sobre la Justicia está más asociada a la visión que se tiene del fuero federal -donde se tramitan las causas de mayor impacto político y con mayor presencia mediática- que otros fueros de la Justicia.
Las críticas al sistema judicial generan problemas de legitimidad: encontramos porcentajes significativos de personas que declaran que no siempre se debe obedecer a la ley. Por ejemplo, las opiniones están divididas acerca de si siempre se deben aceptar o no las decisiones de la policía y un tercio de los entrevistados sostiene que está en desacuerdo con que si un juez ordena en juicio a alguien que le pague a otra persona un daño, esta deba pagarle aun si cree que el juez está equivocado. Esto nos habla de una población con poco apego a la ley, poco respeto a la autoridad y el cumplimiento de las normas. Recuerda el libro de Carlos Nino sobre un país al margen de la ley. El problema viene de lejos y no lo hemos resuelto todavía.
Hace ya casi 20 años, en el primer semestre de 1998, dirigí una investigación en Gallup entre jueces nacionales, en la que señalaba como conclusión del estudio que los mismos jueces reconocían ampliamente el descrédito de la Justicia a los ojos de la gente. Se lo atribuían a múltiples motivos y aludían fundamentalmente a cinco causas: los propios jueces (algunos magistrados deshonestos que empañan con su proceder a la mayoría; otros que se exponen desmesuradamente en los medios); los medios de comunicación (excesiva difusión de hechos de corrupción o de casos resonantes); la dependencia de la Justicia respecto del poder político (jueces influidos por el gobierno), y la lentitud y la burocracia en la resolución de conflictos (por recargo de tareas, procedimientos inadecuados, fallas de infraestructura, falta de personal, escasa informatización) y la forma de selección de los jueces (poca transparencia y poca idoneidad de algunos elegidos).
Además mencionaron posibles caminos para paliar este deterioro: implementar mecanismos más objetivos de selección de jueces (carrera judicial, concursos, Consejo de la Magistratura confiable, Corte Suprema no politizada), mostrar transparencia y austeridad (separar a los jueces corruptos, mayor control), capacitación judicial, simplificación de procedimientos (juicios abreviados, tribunales de menor cuantía), entre otros. Este estudio y las sugerencias de los jueces aparecen hoy, pese al paso del tiempo, como de gran actualidad.
Estamos frente a un fuerte desafío. La baja confianza en la Justicia ya lleva décadas. Se requieren profundos cambios que impacten en una mayor eficacia y transparencia en la administración de justicia. Para ello se necesitan, sobre todo, una firme decisión política y la colaboración e involucramiento de la clase dirigente, los jueces y otros actores del mundo judicial, los intelectuales, empresarios y la sociedad civil.
También tenemos nuestra parte importante de responsabilidad los ciudadanos. Es clave que todos asumamos la responsabilidad de observar la ley y las normas en nuestra vida cotidiana. Entre todos podremos alcanzar una justicia mejor.
Fuente: La Nación
