El caso se originó en una denuncia que el gobierno kirchnerista había realizado en 2013 contra la asociación de consumidores, que terminó en sobreseimiento.
En el 2013 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner se sumó de manera pública a una denuncia contra ADECUA por un supuesto accionar para perjudicar intereses colectivos de consumidores y usuarios. En el 2015 todos los denunciados fueron sobreseídos por inexistencia de delito y esa sentencia quedó firme.
Desde el 2018 algunos de los aludidos, entre ellos el abogado Eduardo Federico Baeza, litigan contra Google para intentar que se supriman del buscador las publicaciones periodísticas que se hicieron eco de esa denuncia en el 2013, por considerarla «agraviante».
Incluso se envió a la empresa una carta documento con el fallo judicial que cerró el caso. Google, en su defensa, pidió citar a los responsables de todos los portales web de noticias donde se aloja la información que se busca eliminar.
El planteo fue rechazado en la Cámara Civil y Comercial porque sostuvo que los portales no forman parte de esta pelea judicial.
La demanda «se centra en la conducta antijurídica imputada» a Google Inc. y «la eventual responsabilidad por daño pasaría por dilucidar si actuó con diligencia (o no) en bloquear a los infractores (creadores o responsables de las URLs identificadas) una vez que tomó conocimiento de la ilicitud de los contenidos».
Google sostiene que no es el creador de la información cuestionada y que por eso es «esencial la intervención» de los responsables de los sitios que la alojan «a fin de eliminarla de internet».
En demandas como esta la Justicia está -paso a paso- sentando jurisprudencia en lo que a la web se refiere. Y cuando se resuelva el fondo de la cuestión sin duda será una sentencia que podría repercutir en miles de otros casos.
Google sostiene que está comprometido «el derecho de defensa de los titulares de tales sitios, con quienes debería discutirse la veracidad de las noticias impugnadas».
«La tensión se da entre el derecho que esgrimen los accionantes en contraposición con el derecho a la información o libertad de expresión de los terceros. En relación con ello afirma que una eventual condena alterará la relación de esos terceroscon el público (que se verá impedido de encontrar y acceder a través de Google a los contenidos de que se trata, lo cual afectará el tráfico a dichos sitios, perjudicándolos patrimonialmente y en su libertad de expresión)».
Además si es condenada Google tendrá que «desindexar una lista de URLs con consecuencias negativas para elservicio de búsqueda, pérdida de confianza de los usuarios, etc.»
Los camaristas Guillermo Antelo, Ricardo Recondo y Graciela Medina rechazaron convocar a los responsables de los portales periodísticos porque esta controversia no los incluye, más allá del fallo que en un futuro se dicte.
Fuente: Infobae Profesional.
