El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Fernández en la causa por corrupción en el ex Ministerio de Planificación de la Nación.
Fue acusada de ser jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. El magistrado atribuyó a la ex mandataria la admisión de dádivas en 22 hechos y otros cinco hechos por presunto cohecho pasivo. Además, le dictó un embargo por cuatro mil millones de pesos. En razón de la senaduría, para que se concrete la detención a la ex presidenta deberían quitarle primero sus fueros parlamentarios. Sin embargo, el magistrado dejó pendiente el pedido de desafuero hasta que la Cámara Federal revise la decisión que firmó ayer. En la introducción de la resolución, de más de 500 páginas, Bonadio describe el funcionamiento de la presunta asociación ilícita entre los años 2003 y 2015. Para el juez se hizo funcionar una maquinaria que incluía “procedimientos amañados” para estafar al Estado Nacional. “Todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos a cambio de que, por avaricia y codicia, ese selecto grupo de empresarios también se llenaran los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”, afirmó el juez.
Bonadio afirmó que para ganar una obra pública, la explotación de un corredor vial, una concesión de transporte ferroviario o ser beneficiado con la asignación de subsidios al transporte automotor o empresas prestatarias de bienes y servicios por cuenta y orden del Estado Nacional, una empresa o grupo de empresas -UTE- debía entregar un porcentaje de lo que el Estado les pagaba a funcionarios designados por Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Según la acusación del magistrado, esos funcionarios eran los encargados de recibir los “retornos” o “coimas”. Y agregó: “Claro está que los fondos pagados por el Estado por esas contrataciones estaban inflados en perjuicio del conjunto de los argentinos y con el solo objetivo de enriquecer ilícitamente a funcionarios y empresarios corruptos”.
Otros procesamientos. El procesamiento también alcanzó a Julio De Vido y Roberto Baratta en carácter de organizadores de la presunta asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que al ex secretario coordinador se lo acusa de 90 hechos. A ambos se les dictó la prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones a cada uno. En el caso de José López, ex secretario de Obras Públicas, aceptado como imputado colaborador, quedó procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo, también con prisión preventiva y un embargo de $4.000 millones. En tanto el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, fue procesado como presunto miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo y le fue otorgada la libertad al ser el primer “arrepentido” en el expediente. Cabe recordar que la larga lista de empresarios que terminaron procesados incluye a Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Héctor Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio, Juan Chediack, entre otros, todos acusados como miembros de la presunta asociación ilícita y dación de dádivas con un embargo cada uno de $ 4.000 millones.
Fuente: Comercio y Justicia
