En la causa «Incidente Nº1 – Actor: C., G. B. Demandado: Colegio Público de Abogados de Capital Federal s/Beneficio de litigar sin gastos» la actora interpuso recurso de revocatoria contra la resolución que ordenó el libramiento de los oficios requeridos por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
La accionante reconoció la potestad de su contraria de ofrecer prueba a los fines de tener certeza real de su capacidad económica, pero refirió que «ello no implicaba que tuviera derecho a indagar su persona a través de pruebas desproporcionadas con los hechos que intentaba demostrar».
Asimismo, sostuvo que el beneficio de litigar sin gastos debía circunscribirse a probar la falta de recursos para afrontar los gastos sin «necesidad de violentar garantías constitucionales como las de defensa en juicio, debido proceso, propiedad, intimidad, sentencia fundada en ley, etc».
Sumado a ello, la actora citó las normas previstas en el capítulo de prueba del Código de rito, destacando «las limitaciones que impone respecto a la admisibilidad de las probanzas que fueran manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias».
La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal destacó que el instituto del beneficio de litigar sin gastos se sustenta en dos preceptos de raigambre constitucional: el derecho de defensa en juicio y la igualdad ante la ley.
No obstante ello, los camaristas señalaron que «no debe perderse de vista que frente a los intereses del peticionario se hallan los de la parte contraria, tan respetables como los de aquél y que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transformara en indebido privilegio».
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que «queda librada a la prudente apreciación judicial en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas».
Para los jueces intervinientes, la prueba informativa ofrecida devenía conducente a los fines de analizar si el caso encuadraba en el supuesto que autoriza el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos.
Específicamente, los camaristas sostuvieron que no se evidenciaba que las medidas ofrecidas fueran «manifiestamente improcedentes, superfluas o dilatorias ni desproporcionadas respecto al objeto del presente incidente».
Así las cosas, el pasado 8 de marzo los Dres. Duffy, Moran y Vincenti rechazaron el planteo de la actora.
Fuero: Contencioso Administrativo
Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
Voces: beneficio de litigar sin gastos, prueba informativa, capacidad económica de la autora
