Frente a los integrantes de la Corte Suprema, el Presidente exigió cambios en el máximo tribunal y apuntó contra la oposición por bloquear las iniciativas, así como la designación de jueces y camaristas.
“Esto que acabo de describir no es otra cosa que un acto de complicidad del poder judicial con el poder económico”. El presidente Alberto Fernández golpeó duro ante el rostro pétreo de los integrantes de la Corte Suprema sentados en los palcos. Utilizó la palabra complicidad, propia del mundo del delito, para describir la forma en la que algunos jueces y la propia Corte permiten que sigan corriendo medidas cautelares que ya tienen dos años y que impiden la aplicación del decreto que declara servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. Eso les permitió a las poderosas empresas que brindan esos servicios seguir aumentando tarifas sin control: “ellos registraron el mayor aumento de precios”, denunció el Presidente. Pero, además, Fernández también apuntó contra la madeja opositora que tiene trabadas todas las reformas del poder judicial, así como la designación de jueces y camaristas.
Como era previsible, la cuestión del aparato judicial pasó a un tercer o cuarto orden en importancia: en cualquier balance o proyecto de gobierno de este momento pasaron a ser prioritarios la guerra Rusia-Ucrania, el acuerdo con el FMI y la pandemia. Pero pese a que cayó en la tabla de importancia, en materia judicial el Presidente pegó con dureza y precisión. Es el tema que más conoce.
Reformas I
Fernández no sólo vinculó a jueces, camaristas y supremos con la cuestión inflacionaria -permiten el aumento de celulares y servicios porque juegan a favor de las grandes empresas-, sino que también le enrostró a la oposición que traban todas las reformas y, por lo tanto, impiden la creación de juzgados y cámaras especializados en narcotráfico en la zona de Rosario. “En ese proyecto de Ley, además, se creaba el juzgado federal y una fiscalía en San Lorenzo y la Cámara Federal de Apelaciones Rosario, instrumentos jurídicos indispensables en la lucha contra el narcotráfico. También ese proyecto establecía la creación de una nueva sala y una Secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. No se debería demorar más tiempo en tomar decisiones tan fundamentales”.
Pero el mandatario tiene claro que el objetivo último no es trabar la creación de esos juzgados, sino mantener todo como está: la alianza judicial-política-mediática, alineada con Comodoro Py, no quiere mover nada, porque sabe que cuenta con buena parte de la justicia como socia.
Reformas II
Por eso el Presidente fue explícito y acusó a los opositores de tener otra razón para impedir los cambios y las designaciones: “Esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”. La definición es precisa porque en cuanta causa que hay o hubo en Dolores, Lomas de Zamora o La Plata, los hombres de Juntos por el Cambio se juegan la vida para que se traslade a Comodoro Py, donde juegan de locales.
La oposición instaló que bloquea los cambios en la justicia porque el kirchnerismo pretende suplantar a los jueces y camaristas que tienen las causas de Cristina Fernández de Kirchner. Es falso. Los expedientes de CFK ya pasaron por los jueces y camaristas, están en la etapa oral y ya no hay nada que cambie el tribunal al que se le asignó cada causa. La explicación del Presidente es mucho más sólida: no cambiar nada en Comodoro Py -en especial en la Cámara Federal y de Casación- es contar con un escudo que defienda al macrismo de todas las imputaciones por espionaje ilegal, negocios espurios como Parques Eólicos, Peajes, Correo o el caso de la deuda externa.
Plantón
Un hecho asombroso es que los legisladores del PRO se levantaron de la sesión y se fueron a raíz de las duras menciones de Fernández a que habían contraído la deuda de manera irregular, a espaldas del Congreso, y que correspondía avanzar en la querella criminal contra los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri. La causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti y que investiga, por delegación, el fiscal Franco Picardi es por el delito de administración fraudulenta y fraude en perjuicio del estado. En diciembre, Picardi pidió incorporar al expediente el informe oficial del FMI en el que se consigna que de ninguna manera se cumplieron con los requisitos del propio Fondo para otorgar semejante cantidad de dinero a la Argentina.
En la denuncia formulada por el gobierno de Fernández se dice puntualmente que la administración de Macri “ejecutó un programa criminal destinado a generar ingentes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional».
En su discurso, el mandatario aclaró que ningún acuerdo con el Fondo cambia la querella criminal: “El año pasado, a través del Decreto 8/2021 instruí a la Procuración del Tesoro para que iniciara una querella criminal tendiente a establecer la verdad y las responsabilidades sobre este endeudamiento. Este Acuerdo con el FMI tampoco releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación. Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber cómo ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino”.
Corte
Al principio y al final de los párrafos dedicados a la justicia, el Presidente se refirió al máximo tribunal. De entrada, los catalogó como cómplices del poder económico. Y al final sostuvo que se requiere una reforma para cambiar el funcionamiento de los supremos, incluyendo también una restricción en los miles y miles de expedientes que les llegan y que a veces tardan mucho más de una década. Hay casos en que la Corte aplica el llamado artículo 180 y resuelve no intervenir, sin dar explicación alguna. Una facultad casi monárquica.
No será fácil cambiar las cosas. Por la resistencia de los supremos y, sobre todo, porque no están los votos necesarios en el Congreso. El Ejecutivo no logró hasta ahora designar un nuevo procurador, pese a que el juez Daniel Rafecas es el candidato desde hace casi dos años. Aún más difícil parece ser el nombramiento de una reemplazante en la Corte de Elena Highton de Nolasco. El único camino posible sería un consenso con la oposición, algo que no aparece como probable en el horizonte.
La utilización de la coalición judicial-política mediática, del lado de los poderosos, en Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina, plantea dos escenarios:
*La necesidad de dar pelea en cada expediente en concreto, causa por causa y paso por paso.
*Pero, de fondo, se requiere una gran batalla política continental para empezar a transformar, de fondo, a un poder que tiene mucho más de monárquico que de democrático.
Fuente: pagina 12
