A través de una resolución, la Corte Suprema de Justicia bonaerense le reclamó al Ejecutivo provincial más presupuesto para poder afrontar los gastos de funcionamiento y continuar obras de infraestructura.
Mediante la publicación de la Resolución 803/19, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires le reclamó al gobierno de María Eugenia Vidal más presupuesto para llevar adelante obras de infraestructuras y mantener el normal funcionamiento luego de la reducción en la partida presupuestaria que sufrió el Poder Judicial. «Las dificultades que se presentan para la correcta administración de los recursos presupuestarios de la Jurisdicción Administración de Justicia, de hacer frente a los gastos de funcionamiento para el presente año y asegurar la continuidad de las obras de infraestructura que se encuentran en distintos grados de ejecución», sostiene el escrito. El texto lleva la firma de todos los miembros del cuerpo donde expresaron que «se ven en la obligación de hacer saber que la interrupción del proceso de mejora gradual de asignación de recursos de los últimos años, dificultan el fortalecimiento y mejoramiento del servicio de Administración de Justicia que promueve el Tribunal desde hace años, con la finalidad de dar respuesta a las acuciantes necesidades en materia de infraestructura edilicia y modernización tecnológica».
La ley aprobada para el 2019 contempló un presupuesto similar al del año 2018, por lo que el STJ advirtió que no se tuvo en cuenta el aumento de tarifas, la crisis económica y suba de precios en general en «rubros que resultan indispensables para la prestación del servicio» entre los que se destacan servicios públicos, alquileres de edificios, mantenimiento preventivo de instalaciones, entre otras. Los ministros sostuvieron que la Ley de Presupuesto aprobada «supuso para este Poder una fuerte reducción en las partidas para dar continuidad a las obras gestionadas por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, encaminándolas a su paralización». Por ese motivo, los magistrados señalaron que se ven en la obligación de realizar «un reordenamiento de prioridades que afectan obras menores y la renovación de equipamiento e instalaciones, focalizándose en las que resultan indispensables y esenciales para la seguridad de la infraestructura y la puesta en funcionamiento de órganos jurisdiccionales cuyos titulares ya se encuentran designados mediante decreto del Poder Ejecutivo provincial».
Fuente: Diario Judicial
