Un plenario de Comisiones del Senado discutió el proyecto de ley para penalizar la usurpación de identidad en redes sociales.
Los legisladores pidieron que los representantes de dichas redes sociales asistan al Senado para debatir. Las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión discutieron hoy el proyecto de ley que busca penalizar la usurpación de identidad en redes sociales y los senadores solicitaron que los representantes de Facebook y Twitter acudan al próximo debate. El proyecto fue presentado por el jefe del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto, luego de sufrir un robo de identidad y preve condenas de prisión de un mes a un año o multas que van de 20 mil a 200 mil pesos. Tal como lo había adelantado Pichetto, el Senado pidió hoy que las autoridades de empresas como Google, Facebook y Twitter se hagan presente en el debate para dar explicaciones «respecto de la fragilidad y vulnerabilidad de sus sistemas en relación a la usurpación de identidad”. En esa línea, el justicialista agregó que “hay que volverlos a citar amigablemente, bajo apercibimiento, dejarles saber que si no vinieran o se negaran a venir vamos a hacer una presentación en sede judicial, a fin de que sea la fuerza pública la que los traiga al Senado”.
“Nadie los va a agredir, nadie los va a maltratar ni los va a denunciar”, enfatizó. El legislador rionegrino impulsó el proyecto luego de sufrir el carne propia la suplantación de identidad durante el debate sobre la legalización del aborto, cuando un extraño, a través de una cuenta falsa de Twitter, realizó “cuatro aseveraciones tremendas” en su nombre. Respecto al hecho, el senador expresó que estos hechos “no pueden quedar en la impunidad” y que debe ser tratado como un tema que reviste gravedad porque afecta principalmente a personas públicas. La denuncia de Pichetto sobre lo ocurrido quedo asentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 4 a cargo de Ariel Lijo. La iniciativa propone la modificación del artículo 72 del Código Penal, para que las acciones derivadas de este delito sean dependientes de instancia privada y, en casos donde el robo de identidad se produzca sobre personas públicas, las penas aumenten considerablemente.
Fuente: Diario Judicial
